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La discriminación laboral en base a antecedentes penales

La discriminación laboral en base a antecedentes penales

La discriminación laboral es una realidad que enfrentan muchas personas en todo el mundo, especialmente aquellas que tienen antecedentes penales. A pesar de que estas personas han cumplido sus condenas y quieren reinsertarse en la sociedad, muchas veces se les niegan oportunidades laborales debido a su historial delictivo.

En este artículo, vamos a explorar el tema de la discriminación laboral en base a antecedentes penales. Veremos por qué la discriminación es un problema, las leyes que protegen a las personas con antecedentes penales y cómo estas leyes se aplican en la práctica.

¿Por qué es un problema la discriminación laboral en base a antecedentes penales?

La discriminación laboral en base a antecedentes penales es un problema por varias razones. En primer lugar, cuando se le niega un trabajo a alguien debido a su historial delictivo, se le está negando la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y convertirse en un miembro productivo de la misma. Esto puede llevar a la reincidencia y a una mayor delincuencia.

Además, la discriminación laboral también puede ser considerada una forma de discriminación racial, ya que las personas con antecedentes penales son desproporcionadamente de color. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas de color representan el 37% de la población, pero el 67% de las personas encarceladas. Por lo tanto, la discriminación laboral en base a antecedentes penales también puede contribuir a la desigualdad racial.

¿Qué leyes protegen a las personas con antecedentes penales?

Existen varias leyes que protegen a las personas con antecedentes penales de la discriminación laboral. En Estados Unidos, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) prohíbe a los empleadores discriminar a los solicitantes de empleo por motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, edad o discapacidad.

La EEOC también protege a las personas con antecedentes penales de la discriminación laboral. En 2012, emitió una guía que establece que utilizar los antecedentes penales como criterio de contratación puede tener un efecto desproporcionado sobre las personas de color, lo que puede ser considerado como una forma de discriminación racial.

En la Unión Europea, la Directiva de 2000 sobre igualdad de trato en el empleo prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza u origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual y religión. La UE también tiene una directiva específica sobre antecedentes penales, que establece que las condenas anteriores no pueden ser una razón suficiente para rechazar la contratación de un trabajador.

¿Cómo se aplican estas leyes en la práctica?

A pesar de que existen leyes que protegen a las personas con antecedentes penales de la discriminación laboral, la realidad es que en muchos casos estas leyes no se aplican en la práctica.

Una razón por la que esto sucede es porque los empleadores pueden argumentar que contratar a alguien con antecedentes penales es un riesgo para la seguridad de la empresa y de sus empleados. Sin embargo, la EEOC establece que para justificar una decisión de no contratar a alguien con antecedentes penales, el empleador debe demostrar que la decisión está basada en un "interés empresarial legítimo".

Otra razón por la que las leyes pueden no ser aplicadas es porque las personas con antecedentes penales pueden tener dificultades para presentar una denuncia o probar la discriminación. Esto se debe a que muchos empleadores rechazan a estos solicitantes de empleo en la etapa de selección previa, antes de que ocurra un proceso formal de solicitud.

En conclusión, la discriminación laboral en base a antecedentes penales es un problema real. A pesar de que existen leyes que protegen a las personas con antecedentes penales de la discriminación laboral, en la práctica estas leyes no siempre son aplicadas. Esto puede llevar a la exclusión de estas personas de la sociedad y a la perpetuación de la delincuencia. Es importante que los empleadores y las autoridades apliquen estas leyes y promuevan la reintegración de las personas con antecedentes penales en la sociedad.